Los candidatos a Defensor del Pueblo exponen ante audiencia pública

Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor, los tres postulantes a cubrir el cargo vacante desde 2009, se presentan en el Salón de las Provincias desde las 11.15.

 

 

La terna de candidatos a cubrir el cargo de Defensor del Pueblo, vacante desde 2009, se presenta en audiencia pública desde las 11.15, en el Salón de las Provincias del Senado.

Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor rinden cuentas ante la Bicameral de Defensoría del Pueblo, presidida por la senadora Marta Varela (Pro), que la semana pasada firmó la resolución -por mayoría- proponiendo sus postulaciones.

La intención de Cambiemos es avanzar con la negociaciones con la oposición y dirimir los nombres en el recinto de la Cámara alta -de origen- este mismo miércoles, donde el candidato deberá reunir los dos tercios de los votos de los presentes para después pasar a Diputados.

De acuerdo a la Ley de la Defensoría del Pueblo 24.284, si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría, debe repetirse la votación sobre los dos candidatos con más adhesiones.

A la terna de postulantes se llegó tras un acuerdo entre Cambiemos, el PJ y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. El cargo, para el que había originalmente 20 candidatos, está vacante desde 2009, cuando renunció el último ombudsman, el cordobés Eduardo Mondino.

La misión del defensor del Pueblo es “proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional”. Quien resulte elegido ocupará el cargo por cinco años, prorrogables por otros cinco.

Cabe recordar que, en medio del trámite de la bicameral, un nutrido grupo de organizaciones civiles solicitaron a Roggero, Sarghini y Amor que declinen sus candidaturas, al denunciar que el procedimiento de selección “no cumplió con los estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana requeridos internacionalmente en la materia”.

El pedido fue formulado mediante una carta pública a la que suscribieron, entre otros, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y ADC (Asociación por los Derechos Civiles).