La Jefa de Fiscales, Cecilia Goyeneche denunció un ataque mafioso contra el sistema judicial

La procuradora adjunta Cecilia Goyeneche denunció que el sistema judicial está sufriendo los embates de una organización criminal que pretende condicionar la investigación por irregularidades en las contrataciones de personal en la Legislatura. Habló de “amenazas de jury” y “operaciones mediáticas” contra los investigadores judiciales y acusó a los defensores de instalar datos falsos. “No tengo una relación comercial con Opromolla”, dijo en referencia al integrante de un estudio contable que está siendo investigado.

 

 

Salió con los tapones de punta la procuradora adjunta ha defenderse por los hechos atribuídos y además también defiende a su pareja actual, el contador Orlando Bertozzi, quién es asesor personal en la presidencia del concejo deliberante de Paraná, o sea, mano derecha de la viceintendenta Josefina Etienot. Todo queda entre amigos.

Cecilia Goyeneche rompió el silencio y lo hizo estruendosamente. Pateó el tablero y denunció una persecución de parte de una organización criminal que pretende, según dijo, neutralizar la investigación por irregularidades en las contrataciones de personal en la Legislatura de Entre Ríos en los últimos diez años.

En una audiencia de extrema tensión que se desarrolló este viernes en los tribunales negó tener “relación comercial” con el contador Pedro Opromolla, integrante de “Integral Asesoría”, uno de los estudios investigados en el escándalo de la Legislatura, y habló de “operaciones mediáticas” montadas para desacreditar a quienes llevan adelante el que se presume sería el mayor desfalco en la historia de la provincia, estimado en unos 2.000 millones de pesos.

En ese marco, dijo que unas horas antes había presentado una denuncia por la difusión de una supuesta conversación por WhatsApp “donde se inventan referencias impropias a una nota publicada en El Diario” que revelaba la existencia de un fideicomiso para la construcción de un edificio en el que aparecen Goyeneche y Opromolla, entre otros.

Goyeneche apuntó directamente contra una “organización criminal”, a la que también tildó de “mafiosa”, cuyo poder radica en la capacidad para “generar, fomentar y mantener el encubrimiento de sus integrantes y que se materializa en la obstaculización de la investigación”. En ese esquema no desligó a los abogados defensores, a quienes de alguna manera señaló como voceros de esa organización.

“La defensa se enfoca colocando a los imputados en situación de víctimas de un poder opresor que ejerce el Estado a través de la persecución penal. Pero la complejidad que tiene esta causa es que los imputados no son individuos aislados a los que el Estado les atribuye la comisión de un delito, sino que estamos ante un caso en el que el poder se encuentra afincado en otro lugar, y el ejercicio espurio de ese poder se ejerce con una única finalidad: obstaculizar la investigación y eliminar los elementos que puedan hacer que la investigación penal derive en el juicio y la condena de los imputados”, detalló.

Goyeneche aseguró que “el sistema judicial está siendo objeto de un ataque propio de lo que significa la investigación contra una organización criminal” y, en ese marco, habló de “una entrevista radial donde se advertía sobre la posibilidad de iniciar un proceso de juicio político y un jury, como una amenaza contra la investigación, algo que luego pasó, porque hubo una denuncia contra el procurador; también hubo ataques furibundos a través de medios de prensa y conductas absolutamente alejadas de la lealtad procesal por parte de abogados”, a quienes acusó de falsear datos ante la opinión pública.

Respecto de Opromolla, como se dijo, negó tener una relación comercial, pero también negó que el profesional esté imputado en la causa, aunque sí ha designado abogado defensor y está sospechado de ser parte del esquema delictivo.