El recuerdo de un antes y un después en Argentina

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Escribe Rogelio Alaniz

Durante los meses de agosto y septiembre de 1976 la ciudad de La Plata se transformó en un infierno, un infierno donde sus víctimas preferidas fueron adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años. El responsable de esa campaña de exterminio fue el general Ramón Camps, una de las figuras más siniestras y perversas de un régimen militar que se distinguió por ser siniestro y perverso.

Al operativo destinado a asesinar a adolescentes, el señor Camps lo justificó diciendo que se trataba de erradicar el accionar subversivo en las escuelas. La noche del 16 de septiembre diez chicos fueron secuestrados por los esbirros del psicópata. Chicos y chicas que militaban políticamente en la UES y la Juventud Guevarista y que en esos días se movilizaban reclamando la rebaja del boleto de colectivo.

Es importante recordar estos detalles porque, por diferentes razones, en su momento a estos jóvenes se los presentó como un puñado de adolescentes exclusivamente preocupados por el precio del boleto estudiantil. No fue así. O por lo menos no fueron esos los motivos de fondo por los cuales fueron secuestrados y asesinados. Es por ello que resulta necesario resaltar los perfiles de los detenidos: todos tenían militancia política, todos sabían los riesgos que corrían y todos estaban comprometidos en la lucha por una sociedad más justa a la que designaban con el nombre de “patria socialista”.

Los jóvenes fueron sometidos a tormentos. Todos conocieron la picana, el submarino y cada uno de las minucias del arte de la tortura que aquellos valientes caballeros practicaban con chicos a los que en más de un caso recién les estaba creciendo la barba. Según los testimonios de los sobrevivientes, en los interrogatorios no hubo una sola pregunta relacionada con el boleto estudiantil, porque lo que los represores querían saber eran sus contactos, el nombre de otros compañeros y detalles internos de las organizaciones revolucionarias a las que pertenecían.

Estas “amables” sesiones se llevaron a cabo en los pozos de Banfield, Quilmes y Arana y en la comisaría de Valentín Alsina. De los diez chicos secuestrados esa noche, seis fueron asesinados: Daniel Alberto Racero, María Claudia Falcine, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Claudio de Acha y Horacio Ungaro. Cuatro lograron salvar sus vidas: Pablo Díaz, Emilec Moler, Patricia Miranda y Gustavo Calotti. Por qué unos fueron asesinados y otros sobrevivivieron es una pregunta imposible de contestar. Una respuesta tentativa es que estos eran lujos que podían darse estos señores de la guerra: decidir sobre la vida y la muerte, matar a unos y dejar vivos a otros.

Gustavo Calotti vive desde hace muchos años en Francia y fue secuestrado el 8 de septiembre, lo que demuestra que el operativo coordinado del Batallón 601 y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, perpetró varias noches de los lápices. El propio Calotti, treinta y cinco años después, se esfuerza por hacer otro balance sobre lo ocurrido en aquellas tétricas jornadas. Según su punto de vista, los militares no fueron a buscar adolescentes preocupados para que el boleto del colectivo fuera cincuenta centavos más barato, sino a militantes revolucionarios.

Calotti es de los que sostienen que la propaganda de las instituciones de derechos humanos alrededor del boleto estudiantil hizo perder de vista la cuestión de fondo. ¿Y cuál era la cuestión de fondo? La pertenencia de todos -o casi todos- a organizaciones que reivindicaban la lucha armada y la patria socialista. ¿Entonces los militares tenían razón? ¿Se trataba de peligrosos delincuentes subversivos? Ya veremos.

En principio, es probable que al recuperarse la democracia en 1983 los organismos de derechos humanos hayan optado por presentar a las víctimas como tiernos adolescentes ajenos a toda preocupación política. La idea apuntaba a demostrar que los militares eran tan perversos que ni siquiera los adolescentes interesados en un boleto estudiantil más barato estaban a salvo.

Seguramente se creyó que una manera eficaz de divulgar los fines de la dictadura pasaba por callar la militancia política de los jóvenes. Eran los tiempos de “doña Rosa” y se quería impedir la clásica descalificación de entonces: “Por algo será” o “En algo andaban metidos”. La estrategia es opinable pero comprensible. Treinta y cinco años después no es justo ni ético persistir en la mentira.

Es más, la veracidad es importante por lo que significa el criterio de verdad cuando se indaga al pasado, pero también porque es la manera más justa de honrar la memoria de quienes murieron. “No queríamos un boleto más barato, queríamos hacer la revolución”, dice Calotti. Es cierto que las razzias se llevaron a cabo durante los días en los que los estudiantes secundarios se movilizaban pidiendo la rebaja del boleto. Pero sería faltarle el respeto a los muertos y subestimar demasiado a los militares, creer que la llamada “Noche de los lápices” se perpetró por razones escolares.

Atendiendo a la coordinación y eficacia con que se realizaron los allanamientos y secuestros, y las preguntas que les hicieron a las víctimas, podría decirse que si no hubiera habido movilización por el boleto estudiantil lo mismo se habrían realizado esos operativos. Desde esta perspectiva, el boleto estudiantil no fue más que una anécdota.

De más está decir que la militancia política de los adolescentes no justificaba bajo ningún punto de vista el secuestro, la violación, la tortura y la muerte. Los militares invocaban el derecho del Estado a asegurar el orden, un derecho -dicho sea de paso- relativizado para mediados de 1976, porque quienes invocaban esos atributos habían asaltado las instituciones a pesar de que el gobierno de Isabel les había brindado todos los instrumentos legales y no legales para “exterminar a la subversión”, como dijera con tanta claridad el señor Italo Luder.

Admitamos, de todos modos, que el Estado nacional dispone del derecho a detener y juzgar a quienes se han levantado en armas. Perfecto. Pero ese derecho no incluye el secuestro, la tortura y la ejecución. La policía y el ejército disponen de armas, actualizados recursos tecnológicos y facultades excepcionales para asegurar el orden, pero todos esos atributos están subordinados al derecho. Cuando esto no ocurre, el ejército y la policía dejan de ser instituciones legítimas para transformarse en bandas, en bandas criminales que salen a la calle a sembrar el terror y la muerte, con un serio agravante: delinquen invocando y valiéndose de los recursos del Estado.

Los militares no tienen excusas para justificar las tropelías cometidas en aquellos años. Los adolescentes asesinados en La Plata no cayeron en combate y no estaban armados. Todos fueron arrancados de sus casas, en la mayoría de los casos delante de sus padres. Los hombres que los llevaron estaban uniformados e invocaban a Dios y la patria. Los asesinos no pueden atribuirse las virtudes del coraje. Redujeron a chicos desarmados y luego los asesinaron.

Como para que ningún eslabón faltara a esa cadena de envilecimientos, luego no se hicieron cargo de sus crímenes. Treinta y cinco años han pasado y los valientes soldados del llamado Proceso de Reorganización Nacional no han sido capaces de asumir su faena. La niegan, miran para otro lado, invocan sus derechos, los mismos que les negaron a sus víctimas.

El balance de la dictadura militar en este sentido es brutal: entre 1976 y 1983 fueron secuestrados y asesinados alrededor de 250 adolescentes, cuya edad iba de los trece años a los dieciocho. Algo perverso, algo siniestro y enfermo late en las entrañas de un régimen que recurre al asesinato de sus jóvenes en nombre del orden, la moral y las buenas costumbres.

Ningún rasgo de humanidad, de compasión, de entereza moral está presente en la biografía de los verdugos. Mercenarios o cruzados ideológicos, ninguno se sintió dominado por la duda o la culpa. Torturaron y mataron, y siguieron viviendo como si nada. Se sabe que regresaban sus casas, besaban a sus hijos, hacían el amor con sus mujeres y al otro día retornaban con sus víctimas para continuar martirizándolas. A ninguno de ellos les importó que se tratara de chicos con toda una vida abierta hacia el futuro, de chicos que, equivocados o no, tenían derecho a vivir y a cambiar de ideas. No les dieron ninguna oportunidad. Para ellos no hubo esperanzas, piedad, compasión. Ni siquiera intentaron convencerlos para que pensaran distinto. Siempre estuvieron condenados a muerte.