Demuestran que el SENASA prohíbe agrotóxicos por reglas de mercado y no por seguridad sanitaria

La seguridad sanitaria de la población no sería el motivo en que se basa el SENASA a la hora de aprobar o desaprobar las sustancias químicas que utiliza el sistema de producción de alimentos argentino, según un artículo del periodista Patricio Eleisegui.

 

La reciente prohibición de los principios activos Diclorvós y Triclorfon por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), respondería a “reglas del mercado” y no a la seguridad sanitaria de la población.

Así lo indica el autor del libro “Envenenados”, Patricio Eleisegui, quien aborda la tragedia sanitaria de las principales provincias agrícolas de Argentina y los mayores responsables del uso indiscriminado de agrotóxicos, cuyo artículo en cuestión compartimos a continuación:

Prohibición a la medida del cliente

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) acaba de vetar la “importación, comercialización y uso de los principios activos Diclorvós (DDVP) y Triclorfon y de los productos formulados que los contengan, para su utilización en granos, incluidas las etapas de producción, poscosecha, transporte, manipuleo, acondicionamiento y almacenamiento, así como también en instalaciones para el almacenamiento de granos y de tabaco”.

Pero la medida en cuestión no responde a que los pesticidas mantienen un vínculo directo con el cáncer y, además, el mismo SENASA los ubicó en partidas de acelga y espinaca puestas a la venta en los mercados centrales de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata.

Por el contrario, la prohibición –indica la resolución 149/2018– responde a que “los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos para el Diclorvós (DDVP) son superiores a los establecidos por los principales países importadores de productos argentinos y de países productores competidores, lo que deja en desventaja comercial a nuestras exportaciones restando competitividad a nuestros granos.”

En otras palabras, se lo prohíbe por reglas de mercado. Requerimiento de destinos de exportación. Así, la seguridad sanitaria de la población local es lo que menos importa.

Hay más: en otro tramo de la resolución, SENASA argumenta que “la disipación de las aplicaciones de Diclorvós (DDVP) en granos almacenados a los valores necesarios para la lucha contra las plagas de poscosecha, necesita aproximadamente CIENTO VEINTE (120) días para alcanzar los LMR de los destinos más exigentes, siendo que todos los de nuestras exportaciones son alcanzados en travesías menores a TREINTA Y CINCO (35) días.”

Dicho de otra forma: si los exportadores se ajustan a los criterios de disipación fijados por los países que compran granos tratados con el agrotóxico en cuestión, entonces deben aguardar más tiempo para liquidar y facturar que si directamente dejaran de usar el producto. Mientras que el promedio está en el orden de los 35 días, utilizando diclorvós deben mantener la producción por al menos 120.

Tiempo es dinero. Fuera insecticida.

El último favor hacia los intereses creados en torno a estos compuestos corresponde al freno en la comercialización de las formulaciones. “La prohibición aquí dispuesta comienza a regir a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma”, informa SENASA en el Boletín Oficial.

De aquí a noviembre, entonces, nada cambiará en absoluto. Se podrá vender y aplicar de forma irrestricta. Después de ese mes, quién sabe. Sorprendería encontrarse con algún control real ejercido por organizaciones o dependencias que tengan que ver con el Estado.